Con otra contundente muestra de abuso de poder y burlándose de derechos legalmente consagrados, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de María Lucila Colombo, pero bajo el férreo manejo intelectual y burdamente pragmático de Guillermo Moreno, acaba de suspender preventivamente a una unión de consumidores por haber denunciado que las cadenas de supermercados y electrodomésticos pierden dinero con el cepo publicitario, pero que lo cumplen porque si no el Gobierno toma represalias contra ellos.

Es la segunda vez que el gobierno nacional castiga a la Unión de Consumidores de Argentina (UCA). La primera tuvo lugar en junio pasado, cuando la citada subsecretaría la intimó a dar explicaciones sobre un aviso publicado en tres diarios y en un canal de TV con el título “Si no sabemos las ofertas, no sabemos dónde comprar”. Para entonces, el Gobierno reclamó saber cuánto abonó esa organización para difundir su mensaje, quiénes lo pagaron y el origen de los recursos, identificar a la persona que diseñó el aviso y consignar el nombre completo y el documento de quien firmó la solicitada, entre otras aberraciones de un Estado más decidido a hacer inteligencia interna para defender sus polémicas conductas que en cumplir la ley en defensa de los consumidores.

El problema de fondo que esta asociación de consumidores plantea es que las acciones de la Secretaría de Comercio Interior y de los temerosos supermercados que aplican el cepo publicitario son contrarias a la ley. Al atacar la transparencia de mercado y disminuir la información de los consumidores, esas acciones resultan definitivamente opuestas al interés general. Esta cuestión es ocultada por un confuso y preocupante macartismo que refleja una práctica no sólo contraria a la ley de defensa del consumidor, sino también la expresión de un evidente autoritarismo frente a las legítimas acciones de organizaciones de la sociedad civil.

En esta última ocasión, se vuelve a presionar -aplicando incluso en forma defectuosa las normas de control- a una entidad que por cierto no ha sido el único blanco de los dardos del Gobierno en esta materia. Varias fueron las voces que se alzaron en los últimos días contra esa prepotencia oficial. Entre ellas, la de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba), que expresó su repudio frente a la sanción y aclaró mediante un comunicado que las publicaciones cuestionadas desde el Gobierno “se hicieron sin cargo alguno y por iniciativa de diversos medios, a partir del pedido de UCA para difundir el contenido de bien público transmitido, tal como realizan con muchos otros mensajes de ONG, fundaciones y entidades civiles de la Argentina que defienden las más diversas causas de interés social que los medios libremente apoyan”. Además, consideró que la sanción aplicada a UCA es un “gravísimo atentado contra la libertad de expresión”.

La suspensión de UCA en el registro de consumidores, que podría derivar en su baja definitiva, se suma a la padecida por Consumidores Libres, de Héctor Polino, por difundir las variaciones en los precios al consumidor, y a otras tantas presiones verbales de los funcionarios de Comercio Interior contra quienes defienden los derechos de quienes diariamente deben hacer sus compras.

En este sentido, no resultan nada exagerados los dichos de la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos-Capital) cuando afirmó que la Argentina “es el único país donde el área de defensa del consumidor restringe el acceso a los consumidores a la información”. Bullrich encabezó, junto con otros diputados de la oposición, la difusión pública de lo que denominan “Índice de censura a la publicidad en medios gráficos”, que refleja la falta de publicidad de supermercados y cadenas de electrodomésticos en 17 diarios de Buenos Aires.

Este índice, hecho sobre la base de datos del Monitor de Medios, reveló que en febrero pasado los avisos publicitarios de 50 rubros se desplomaron un 50 por ciento respecto del mismo mes de 2012, tendencia que se profundizó hasta alcanzar una meta interanual del 75% en junio último. Tal difusión es la respuesta al compromiso dado por la oposición en el Congreso para encarar una serie de acciones en rechazo al cepo publicitario, del mismo modo que periódicamente la oposición parlamentaria difunde el verdadero índice de inflación mensual, rigurosamente más alto que el que el Indec falsea con total impunidad.

También el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado Nacional, Eugenio Artaza (Encuentro por Corrientes), se sumará al repudio mediante la presentación de un proyecto de comunicación por el que se le pide al Poder Ejecutivo Nacional que, entre otras cosas, informe sobre los motivos de la sanción a UCA, los plazos para la defensa de la entidad, de qué manera la Subsecretaría ha garantizado el debido proceso de las actuaciones administrativas y por qué adelantó en la página web del organismo oficial opiniones de Colombo prejuzgando sobre hechos para los que aún corría un plazo procesal.

Ayer hubo otra reunión en el Congreso para repudiar la persecución del Gobierno respecto de este tipo de entidades. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados, Mario Barbieri (UCR-Buenos Aires), quien junto a otros diputados opositores anunció la presentación de un pedido de informes al PE sobre la sanción aplicada a UCA.

En diálogo con LA NACION, el presidente de esa entidad, Fernando Blanco Muiño, aseguró que agotarán todas las instancias administrativas antes de recurrir a la vía judicial. “Es tan grosero este comportamiento del Gobierno que los legisladores contarán con todos los elementos a nuestro alcance para pedir la interpelación del ministro Hernán Lorenzino, de Moreno y de Colombo”, dijo Blanco Muiño.

Fuentes de asociaciones de consumidores independientes del Gobierno consultadas por este diario dijeron que hay un profundo malestar con estas sanciones indebidas y que actuarán en consecuencia, pero alertaron que, como sucede en otros tantos ámbitos, esas quejas también intentan ser contrarrestadas por un sugerente número de entidades creadas por el oficialismo, que actúan como “sellos de goma”, con el objetivo de avalar el cada vez más oprobioso avance estatal contra todo tipo de libertades consagradas por ley.

Como ya hemos dicho desde estas columnas, la problemática de la inflación y la férrea censura que se ejerce sobre quienes alzan su voz contra los atropellos del Gobierno constituyen una cuestión de interés público que hay que encarar de una vez por todas para desterrar la política de la prepotencia, el autoritarismo y la ilegalidad.

FUENTE: La Nación, 7/8/2013